Más organismos se suman a la lucha para sacar al jefe de estado de su cargo. La Junta de Fiscales Supremos respaldó la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo ante el Congreso de la República. La acusación es por los presuntos delitos de organización criminal en la modalidad de tráfico de influencias y colusión agravada.
En el comunicado solicitan a las otras entidades a respetar el trabajo autónomo, independiente y objetivo que viene desarrollando el ministerio público para sacar a la luz presuntos actos de corrupción. Señalan que las investigaciones se efectúan respetando el debido proceso y las garantías procesales de los investigados.
También remarcaron que rechazan cualquier acción que busque frenar y obstaculizar las indagaciones.
Algunos expertos como Eloy Espinoza se mostraron en contra de esta medida. Indicaron que la fiscal de la nación a cometido un verdadero herror jurídico, ya que quienes aplican las normas son los jueces y no los parlamentos.
De otro lado, el Congreso presentó una ampliación de demanda ante el Tribunal Constitucional para que se emita una interpretación del artículo 117 de la Constitución a fin de que el Poder Judicial no pueda anular las acciones que realiza la institución contra el jefe de Estado como parte del control político.